Cómo Costa Rica dejó de alimentarse a sí misma — y lo que se necesita para recuperar su soberanía alimentaria
Hay una frase que define a Costa Rica ante el mundo.
Pura Vida. Vida pura. La escuchás como saludo, como despedida, como respuesta a casi cualquier pregunta. Es la firma emocional de un país que ha hecho del bienestar su identidad nacional. Cuando el mundo piensa en Costa Rica, piensa en selvas tropicales y energía renovable, en biodiversidad y estabilidad, en una nación pequeña que abolió su ejército en 1948 y redirigió esos recursos hacia escuelas y hospitales. Un país que, en otras palabras, se organizó alrededor de la vida y no alrededor del poder.
Esa marca no es fabricada. Es ganada. Costa Rica genera más del 98% de su electricidad de fuentes renovables. Ha colocado más del 27% de su territorio bajo protección formal. Por casi cualquier medida de desarrollo humano y gestión ecológica en el hemisferio occidental, supera a naciones muchas veces más grandes. El mundo lo ha notado, y el mundo lo ha creído.
Y es precisamente por eso que lo que está pasando con el sistema alimentario de Costa Rica es tan significativo. No porque un país pequeño esté luchando con políticas agrícolas — eso pasa en todas partes. Sino porque el país que construyó la marca de sostenibilidad más creíble del mundo está perdiendo, en silencio, de manera sistemática y con urgencia creciente, su capacidad de alimentarse a sí mismo.
En 2024, el gobierno de Costa Rica se vio obligado a autorizar importaciones de emergencia de frijoles negros libres de aranceles para evitar una escasez doméstica.
Frijoles negros. El ingrediente fundamental del gallo pinto — el plato de arroz y frijoles que no es solo una comida sino una identidad cultural, servido en el desayuno en todo el país, todos los días, en cada hogar, desde San José hasta Limón y los altos de Cartago. El plato que es Costa Rica antes que cualquier bandera, himno o eslogan. Ese plato casi se acaba. No por un desastre natural. No por una guerra. Sino porque el país había dejado, a través de treinta años de decisiones de política graduales y deliberadas, de cultivar la comida que su gente come.
Llevo años visitando Costa Rica. En Panamá, desarrollé lo que el Instituto Smithsonian reconoció como la primera granja de circuito cerrado orgánica de Centroamérica — un sistema completamente autosuficiente con reciclaje completo de agua y cero residuos que se convirtió en un sitio de estudio internacional para universidades de todo el mundo. Recorro esta región con ojos entrenados para ver lo que la tierra produce — y, más importante, lo que ya no produce. Lo que he observado en Costa Rica durante las últimas dos décadas es algo que las estadísticas confirman pero que ningún gráfico logra capturar del todo: un país donde la producción de alimentos se ha vuelto casi invisible. Los campos que antes producían arroz, maíz y frijoles han sido reemplazados, sistemáticamente, por piña, banano y palma aceitera — no para las mesas costarricenses, sino para los mercados extranjeros. Las plantas de procesamiento que deberían existir, las que convertirían lo que se cultiva en lo que la gente come, nunca fueron construidas. Y mientras tanto, los estantes de los supermercados se llenaron de productos importados, las cinturas de una población históricamente esbelta y activa comenzaron a expandirse, y la marca Pura Vida siguió brillando, porque nadie estaba mirando detrás de ella.
Este artículo trata sobre lo que hay detrás.
Trata sobre los tratados comerciales que reestructuraron los incentivos agrícolas de Costa Rica, sobre quién financió las campañas que hicieron posibles esos acuerdos, y sobre quién se ha beneficiado de la dependencia que siguió. Trata sobre un sistema que extrae valor de una de las regiones agrícolas más fértiles y biodiversas del mundo, mientras le devuelve casi nada a las personas que viven en ella. Trata sobre la salud de los ticos — sus cuerpos, que han cambiado visible y mediblemente a medida que su dieta pasó de la comida que cultivaban sus abuelos a las importaciones procesadas que sus abuelos no reconocerían. Y trata sobre la arquitectura política que hizo que todo esto no solo fuera posible, sino persistente.
Pero también trata sobre algo más grande que Costa Rica.
Centroamérica se asienta sobre algunas de las tierras agrícolas más productivas del mundo. Temporadas de cultivo durante todo el año. Una diversidad de alturas extraordinaria. Agua. Biodiversidad. La capacidad de cultivar casi cualquier cosa. Durante treinta años, a estas naciones les han dicho que su papel en la economía global es producir materias primas baratas e importar sus alimentos de manera eficiente. Ese arreglo las ha mantenido dependientes, divididas, y con el valor de lo que producen fluyendo hacia afuera en vez de alimentar a las personas que lo cultivan.
El momento global está cambiando — y cambiando más rápido de lo que casi nadie anticipaba. Una guerra en Irán ha cerrado el Estrecho de Ormuz y ha puesto en crisis el suministro global de fertilizantes. Las cadenas de suministro que parecían permanentes están demostrando ser frágiles. Las naciones que pueden producir alimentos — de manera diversa, durante todo el año, en un clima cambiante — están descubriendo que poseen una palanca que nunca se supuso que reconocerían. Este artículo también trata sobre ese reconocimiento. Sobre lo que se vuelve posible cuando una nación productora deja de verse a sí misma como un proveedor de materias primas y empieza a verse como lo que realmente es: un poder soberano con algo que el mundo necesita cada vez más.
Costa Rica, con su marca, su credibilidad institucional y su posicionamiento ambiental, está en posición de liderar ese cambio. Un nuevo gobierno acaba de asumir el poder con un mandato para actuar. Si lo hará depende de decisiones que se están tomando ahora mismo — en los campos que han quedado en barbecho, en las cámaras legislativas en San José, y entre las personas a quienes se les ha dicho durante una generación que la Pura Vida es un sentimiento y no un sistema alimentario.
Es hora de que sea ambas cosas.
SECCIÓN DOS: Cómo Sucedió — El Intercambio de Treinta Años
Costa Rica no se despertó una mañana y decidió dejar de alimentarse a sí misma.
La transformación ocurrió de manera gradual, racional, y con el apoyo de instituciones y asesores que, en muchos casos, creían estar actuando en el mejor interés del país. Entender cómo sucedió no se trata de asignar culpa a un momento o un actor en particular. Se trata de rastrear una secuencia de decisiones que cada una tuvo sentido de manera aislada y que juntas produjeron un resultado que nadie que votó por ellas estuvo dispuesto a reconocer públicamente.
Comienza, como tantas cosas en Centroamérica, con un tratado comercial.
La Promesa del CAFTA-DR
En 2007, Costa Rica celebró un referéndum nacional sobre si ratificar el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos — el TLC o CAFTA-DR. Fue la primera vez en la historia del país que un tratado comercial se sometía directamente a una votación popular, y la campaña que lo precedió fue diferente a cualquier cosa que Costa Rica había experimentado.
El argumento a favor del CAFTA-DR era coherente y genuinamente creído por muchos de quienes lo defendían. El libre comercio con los Estados Unidos abriría mercados de exportación para los productos costarricenses, atraería inversión extranjera, reduciría los precios al consumidor de los bienes importados, e integraría a una pequeña economía centroamericana en la red comercial más poderosa del hemisferio. Los sectores exportadores de Costa Rica — piña, banano, café, dispositivos médicos — obtendrían acceso preferencial directo al mercado estadounidense. La alineación diplomática con Washington traería sus propios beneficios. Para un país que había pasado décadas construyendo su estabilidad en la apertura comercial y la inversión extranjera, el CAFTA-DR parecía el siguiente paso lógico.
El 7 de octubre de 2007, Costa Rica votó que sí. El margen fue de 51,6% a favor y 48,4% en contra — la mayoría más estrecha posible para una decisión de consecuencia nacional.
Lo que ese margen no te dice es lo que sucedió en los meses que lo precedieron.
La Campaña y Quién la Financió
La campaña pro-TLC — conocida como Sí al TLC — fue una de las campañas políticas más costosas en la historia de Costa Rica. Fue financiada por una coalición que incluía a la UCCAEP, la organización paraguas del sector empresarial costarricense, a CINDE, la agencia de promoción de inversión extranjera, y a una gama de intereses empresariales con participación financiera directa y documentada en la aprobación del acuerdo. Organizaciones alineadas con los intereses de la política comercial estadounidense estuvieron activas en el entorno informativo que rodeó la votación. Programas financiados por USAID que explícitamente apoyaban la defensa de la liberalización comercial en la región estuvieron operando en Costa Rica en los años previos al referéndum — un hecho documentado en los propios informes de programas de USAID, que son de dominio público.
Del otro lado, la campaña del No al TLC fue financiada por sindicatos de trabajadores, cooperativas de agricultores y organizaciones de la sociedad civil doméstica. Fue ampliamente superada en gasto.
La Sala IV — la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia — recibió denuncias sobre irregularidades en el financiamiento de la campaña durante el período del referéndum. El fallo de la sala fue estrecho y no resultó en hallazgos de violación. Pero la denuncia, la asimetría en el gasto, y la identidad de los intereses que financiaron al lado ganador son todos asuntos del registro público.
No estamos alegando que se haya violado ninguna ley. Estamos documentando algo más directo: una votación que determinó si la producción alimentaria doméstica de Costa Rica quedaría expuesta a la competencia irrestricta de las exportaciones agrícolas estadounidenses subsidiadas fue ganada por el lado que fue financiado por los intereses que se beneficiarían de esa exposición. El margen del 51,6% te dice qué tan cerca estuvo. El diferencial en el gasto te dice algo sobre cómo se logró ese margen. Los lectores pueden decidir qué significa eso.
Lo Que el Acuerdo Realmente Hizo
El CAFTA-DR cumplió muchas de sus promesas declaradas. Los ingresos por exportaciones crecieron. La inversión extranjera aumentó. Ciertos sectores se volvieron globalmente competitivos. La integración económica de Costa Rica con los Estados Unidos se profundizó de maneras que produjeron beneficios genuinos para industrias y poblaciones específicas.
Pero los tratados comerciales no son instrumentos neutros. Reestructuran los incentivos en toda una economía, y los incentivos que el CAFTA-DR reestructuró fueron los agrícolas.
Los cultivos básicos — arroz, frijoles, maíz — se volvieron progresivamente menos competitivos a medida que las protecciones arancelarias se eliminaban gradualmente y las exportaciones de materias primas estadounidenses, muchas de ellas producidas con subsidios federales y a escala industrial, entraban al mercado costarricense a precios que los agricultores domésticos no podían igualar. Los dueños de tierras que antes cultivaban alimentos para la mesa costarricense descubrieron que la piña, el banano y la palma aceitera, cultivados para exportación, generaban mejores retornos que los cultivos que habían producido sus padres. Las comunidades agrícolas del interior que habían organizado sus vidas económicas alrededor de la producción de alimentos básicos se encontraron enfrentando una presión de precios ante la cual no tenían ningún mecanismo de resistencia.
La tierra respondió a los incentivos. Según algunas estimaciones, Costa Rica vio una reducción de hasta el 70% en el área de tierra dedicada a la producción doméstica de alimentos durante las tres décadas que siguieron a la liberalización comercial. Los números específicos varían según el cultivo y el año, pero la dirección no está en disputa. Los arrozales se convirtieron en plantaciones de piña. El cultivo de frijoles se contrajo. El área sembrada de maíz disminuyó. El paisaje agrícola que había alimentado a Costa Rica por generaciones fue redirigido sistemáticamente hacia la alimentación de mercados extranjeros.
¿Y qué reemplazó la producción doméstica en las mesas costarricenses? Importaciones. Procesadas, en su mayoría. Del tipo que llegan en contenedores desde los Estados Unidos, empaquetadas y estables en estantería, optimizadas para la eficiencia de distribución más que para el valor nutricional.
La Lógica Estructural de la Que Nadie Habló
Aquí está la parte que los modelos económicos de 2007 no pusieron en primer plano, aunque la evidencia estaba disponible para cualquiera que la buscara.
Cuando reducís la protección arancelaria sobre los alimentos básicos importados y simultáneamente hacés más atractiva la agricultura de exportación, no simplemente abrís un mercado. Reestructurás un sistema alimentario. Los productores domésticos, incapaces de competir con las importaciones subsidiadas, abandonan el mercado. La infraestructura de procesamiento — las plantas de congelamiento, las líneas de empaque, las redes de almacenamiento en frío que permitirían que la producción doméstica llegara a los consumidores en forma utilizable — nunca se construye, porque la economía de procesar alimentos producidos domésticamente ya no tiene sentido cuando el producto importado terminado es más barato. El conocimiento agrícola, acumulado a través de generaciones, se dispersa a medida que los agricultores que lo portaban se mudan a ciudades o a trabajos en el sector de servicios. La tierra se consolida en menos manos cultivando monocultivos de exportación.
Una vez que ese proceso corre durante quince o veinte años, se vuelve muy difícil de revertir. No podés simplemente restaurar los aranceles y esperar que vuelva la producción doméstica. Los agricultores se han ido. La infraestructura nunca fue construida. El conocimiento está parcialmente perdido. Las cadenas de suministro se han reorientado. Lo que desde afuera parece una decisión de política se ha convertido en una condición estructural.
Esto no es hipotético. Es lo que pasó. Y es por eso que en 2024, el gobierno de un país que cultiva piña para los supermercados del mundo tuvo que importar frijoles negros de emergencia para evitar que su gente se quedara sin el ingrediente que define su desayuno nacional.
Lo Que el Argumento de Buena Fe No Puede Explicar
Seamos claros sobre lo que estamos y no estamos diciendo.
Muchas de las personas que votaron por el CAFTA-DR, que hicieron campaña por él, que presentaron el caso económico de buena fe, creían lo que decían. La liberalización comercial ha producido beneficios genuinos en dominios específicos. La economía costarricense es más sofisticada, más diversificada y en varios aspectos más productiva que en 2007. El acuerdo no fue un simple acto de traición nacional.
Pero hay una pregunta que el argumento de buena fe no puede responder.
Si las consecuencias estructurales de la liberalización comercial sobre la seguridad alimentaria doméstica eran predecibles — y lo eran, la literatura académica sobre esto era extensa y estaba disponible — entonces ¿por qué no se incluyeron protecciones para la producción doméstica de alimentos básicos en el acuerdo? ¿Por qué los cronogramas de reducción arancelaria para el arroz, los frijoles y el maíz no fueron acompañados de apoyo de transición para los productores domésticos? ¿Por qué no se adjuntó ningún requisito de inversión en infraestructura de procesamiento doméstico al acceso al mercado que recibieron los exportadores extranjeros?
Estas no son preguntas retóricas. Son las preguntas que separan un tratado comercial diseñado para servir al interés nacional de uno diseñado para servir a los intereses de los que estaban al otro lado de la mesa. Y siguen sin respuesta.
El Número Que No Se Mueve
Quince años después de que el CAFTA-DR entrara en vigor en Costa Rica, los Estados Unidos exportan más de mil millones de dólares en productos agrícolas a Costa Rica anualmente. Esa cifra ha crecido a un promedio del 14% por año durante los cinco años anteriores. Para un país de 5,2 millones de personas, es una de las relaciones de importación de alimentos per cápita más altas del hemisferio.
En el otro lado de ese balance, la producción doméstica de arroz se ha desplomado un 50% desde las reformas arancelarias de 2022. El 73% de los frijoles negros son importados. El 69% del consumo doméstico de maíz depende de las importaciones. El 100% del trigo, el maíz amarillo y la soya son importados.
Un país que no puede producir sus granos básicos es un país que ha subcontratado el acto más fundamental de soberanía nacional. No sucedió accidentalmente. Sucedió porque un conjunto de decisiones de política, tomadas durante treinta años y aceleradas por un referéndum ganado por el lado con más financiamiento, reestructuró los incentivos de toda una economía agrícola alejándola de alimentar a la nación y orientándola hacia servir a los mercados de exportación que pagaron por la campaña.
Eso no es una teoría conspirativa. Es una secuencia de eventos documentados con beneficiarios documentados. Y los ticos que lo están pagando — en la mesa del desayuno, en el supermercado y en el consultorio médico — merecen conocer esa secuencia.
SECCIÓN TRES: El Techo de Cristal — Quién Se Beneficia y Cómo el Sistema Se Mantiene
Seguí el dinero. Es la instrucción más antigua del periodismo de investigación, y sigue siendo la más confiable. No porque todo resultado sea producto de una corrupción deliberada — no lo es — sino porque el dinero revela alineación, y la alineación revela a qué intereses un sistema está realmente diseñado para servir.
Cuando seguís el dinero en el sistema alimentario de Costa Rica, no te lleva a un único actor malo o a un documento definitivo. Te lleva a algo más duradero y más difícil de desmantelar: un conjunto de incentivos alineados que recompensan la dependencia y penalizan la soberanía, operando a través de canales completamente legales, produciendo resultados que benefician a intereses específicos e identificables mientras el costo se distribuye invisiblemente sobre toda una población.
Entender esto requiere mirar tres niveles simultáneamente: la arquitectura externa que creó la dependencia, la capa doméstica que se beneficia de mantenerla, y la estructura política que garantiza que ninguna de las dos sea seriamente desafiada.
La Arquitectura Externa: Un Mercado de Mil Millones de Dólares que Vale la Pena Proteger
Comencemos con los números, porque establecen el incentivo.
Los Estados Unidos exportan más de mil millones de dólares en productos agrícolas a Costa Rica cada año. Para un país de 5,2 millones de personas, esta es una cifra extraordinaria — una de las relaciones de importación de alimentos per cápita más altas del hemisferio. No es un accidente. Es el producto de un esfuerzo sostenido, institucional y explícitamente declarado.
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos mantiene una oficina permanente del Servicio Agrícola Exterior en San José. Esto no es una cortesía diplomática. La oficina del FAS tiene una misión declarada: expandir las exportaciones agrícolas de los EE.UU. al mercado costarricense. Publica informes anuales detallados identificando las categorías de “mejores perspectivas” — los segmentos de productos donde los exportadores estadounidenses tienen la mayor oportunidad de hacer crecer su participación de mercado. Monitorea los cronogramas arancelarios, rastrea a las naciones competidoras y proporciona inteligencia y apoyo estratégico a los exportadores agrícolas estadounidenses que buscan expandir su presencia en Costa Rica.
Esto no está oculto. Es política publicada, disponible en el sitio web del USDA. Una agencia gubernamental extranjera, financiada por contribuyentes estadounidenses, está permanentemente estacionada en San José con el objetivo explícito de garantizar que Costa Rica siga comprando alimentos americanos.
No estamos sugiriendo que esto sea inapropiado en sus propios términos. Todas las principales naciones exportadoras agrícolas hacen algo similar. Lo que estamos sugiriendo es que cuando intentás entender por qué la producción alimentaria doméstica de Costa Rica ha disminuido mientras su dependencia de las importaciones de alimentos estadounidenses ha crecido, la existencia de una operación gubernamental estadounidense permanente, bien financiada y estratégicamente sofisticada dedicada exactamente a ese resultado no es un hecho periférico. Es uno central.
Un mercado de exportación de mil millones de dólares anuales no se mantiene solo. Se mantiene.
La Capa Doméstica: Quién Se Beneficia del Sistema de Importación
Una vez que un país pasa de la producción doméstica de alimentos a la dependencia de importaciones, emerge una nueva estructura de poder doméstico junto a la externa. No reemplaza los intereses locales — los captura.
La transición de la producción a la importación crea una clase de actores económicos cuya subsistencia depende de la continuación de esa transición: titulares de licencias de importación, molineros de granos que procesan cultivos de materias primas extranjeras, distribuidores a gran escala con cadenas de suministro establecidas, y las instituciones financieras que financian el ciclo de importación. Estos actores no se benefician de una Costa Rica que cultiva su propio arroz, frijoles y maíz. Se benefician de una Costa Rica que compra esas cosas del exterior, con ellos en el medio.
En el sector arrocero específicamente — el sector más dramáticamente perturbado por las reformas arancelarias de 2022 — la estructura es visible. La reforma Ruta del Arroz, que redujo drásticamente las protecciones arancelarias sobre el arroz importado y desencadenó un colapso del 50% en la producción doméstica en dos años, fue una decisión de política con una historia legislativa específica, votos específicos y un tiempo específico. En los meses posteriores a esa reforma, los volúmenes de importación se dispararon. La infraestructura para recibir, moler y distribuir arroz importado ya estaba en su lugar — porque las entidades que tenían esa infraestructura habían estado operando dentro del sistema de cuotas de importación del CAFTA-DR durante años y habían construido su capacidad en consecuencia.
El mecanismo de asignación de cuotas del CAFTA-DR es instructivo aquí. Históricamente, las cuotas de importación bajo tales marcos se asignan en función del volumen de importación anterior — lo que significa que las empresas que ya operan en el sistema de importación reciben las mayores asignaciones cuando las cuotas se expanden. Esta es una característica estándar de los sistemas comerciales basados en cuotas, no una anomalía costarricense. Pero su efecto es favorecer sistemáticamente a los importadores establecidos sobre los productores domésticos cada vez que la política se mueve hacia la apertura. Las personas posicionadas para beneficiarse de la reforma fueron las personas que ayudaron a crear las condiciones para ella.
No estamos alegando que se le haya pagado a ningún individuo específico para votar por la reforma Ruta del Arroz. Lo que estamos documentando es que la reforma tuvo beneficiarios claros e inmediatos, que esos beneficiarios eran identificables con anticipación, y que la reforma pasó. La secuencia — quién se benefició, quién tenía las relaciones políticas para abogar por el cambio, y si esos dos grupos se superponen — es una pregunta que los periodistas de investigación y los legisladores costarricenses están en mejor posición que nosotros para responder de manera concluyente. Estamos haciendo la pregunta. El pueblo de Costa Rica merece una respuesta.
La Arquitectura Política: El Techo de Cristal
Hay un patrón en toda Centroamérica que es demasiado consistente en demasiados países y demasiadas décadas para ser explicado por coincidencia o por los errores de cálculo independientes de siete gobiernos diferentes.
En cada nación centroamericana, a través de diferentes partidos políticos y diferentes administraciones, la estructura fundamental de la política comercial agrícola ha seguido la misma trayectoria: monocultivos de exportación incentivados, producción doméstica de alimentos básicos desprioritizada, tratados comerciales que benefician a los exportadores extranjeros ratificados, infraestructura de procesamiento doméstico sin construir, dependencia de importaciones profundizada. Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Costa Rica — diferentes historias, diferentes gobiernos, diferentes culturas — y el mismo resultado agrícola.
La explicación que se ajusta a la evidencia no es que todos estos gobiernos llegaron independientemente a la misma conclusión equivocada. Es que la estructura de incentivos dentro de la cual operan sus líderes políticos fue diseñada para producir este resultado.
Aquí está la estructura como realmente opera, expresada claramente.
Las carreras políticas en Centroamérica se construyen y sostienen a través del acceso a recursos externos — financiamiento, apoyo diplomático, oportunidades post-cargo, y la legitimidad internacional que hace viable a una figura política. Los Estados Unidos, a través de su aparato diplomático, su influencia multilateral y su palanca de política comercial, es la fuente externa de validación más significativa en la región. La alineación con los intereses económicos estadounidenses — incluyendo, de manera crítica, los marcos comerciales que mantienen el acceso al mercado agrícola de los EE.UU. — no es simplemente recompensada. Es la arquitectura a través de la cual se construye la viabilidad política regional.
Esto no requiere pagos directos a individuos, aunque hay evidencia documentada de otros sectores y otros países de que tales pagos ocurren. Opera principalmente a través de la propia estructura de carrera. Un político centroamericano que defiende la soberanía alimentaria doméstica, que propone protección arancelaria para los productores de cultivos básicos, que aboga por un marco alimentario regional que reduzca la dependencia de las exportaciones agrícolas estadounidenses — ese político encontrará ciertas puertas cerradas, cierto financiamiento no disponible, ciertas cortesías diplomáticas retiradas. No a través de ningún acto abierto. A través de la operación silenciosa de un sistema que se ha organizado para recompensar el cumplimiento y crear fricción para la independencia.
Esto es lo que quiero decir cuando digo que hay un techo de cristal en Centroamérica. No es una conspiración. No requiere un plan coordinado ni un acuerdo secreto. Es una realidad estructural, construida durante décadas de política comercial, condicionalidad de ayuda y gestión de relaciones políticas, que ha hecho que la soberanía agrícola genuina sea políticamente costosa para cualquier líder individual que la persiga y políticamente rentable para abandonar.
Los Estados Unidos han operado de esta manera en el hemisferio durante la mayor parte del siglo XX. Está documentado en el registro histórico de la Alianza para el Progreso, en los programas de ajuste estructural del FMI y el Banco Mundial que condicionaron el financiamiento a la liberalización del comercio agrícola, y en el patrón consistente de apoyo diplomático y económico de los EE.UU. a los gobiernos centroamericanos que mantuvieron mercados agrícolas abiertos y retiraron ese apoyo de los gobiernos que intentaron proteger la producción alimentaria doméstica. No necesitás llamar a esto una conspiración. Podés simplemente llamarlo un patrón, leer el registro histórico, y decidir por ti mismo si describe lo que le pasó al sistema alimentario de Costa Rica.
La Ficción Cómoda
Hay una versión de esta historia que a los intereses poderosos les gustaría que los costarricenses creyeran.
Esa versión dice: el mercado decidió. Los agricultores domésticos no eran competitivos. Los consumidores se beneficiaron de precios más bajos. El tratado comercial fue ratificado por una mayoría de los votantes costarricenses. Los resultados, aunque imperfectos, fueron el resultado de elecciones económicas racionales hechas por actores libres en un sistema transparente.
Cada una de esas afirmaciones contiene una verdad parcial. Los agricultores domésticos no eran competitivos — porque estaban expuestos a la competencia de un sistema agrícola respaldado por subsidios federales estadounidenses, operando a una escala que ningún agricultor costarricense podía igualar. Los consumidores sí se beneficiaron de precios más bajos a corto plazo — mientras absorbían costos a largo plazo en forma de deterioro nutricional, fragilidad del sistema alimentario y pérdida de identidad cultural alimentaria que no aparecen en el índice de precios al consumidor. El acuerdo fue ratificado por una mayoría — la mayoría más estrecha posible, en una campaña financiada por una coalición asimétrica, sobre una pregunta cuyas consecuencias a largo plazo no fueron completamente presentadas a los votantes que la decidieron.
La ficción cómoda se mantiene mientras los alimentos sigan llegando a los estantes. La importación de emergencia de frijoles de 2024 fue el momento en que comenzó a agrietarse. Porque cuando el gobierno de un país tiene que llamar a importaciones de emergencia del ingrediente de su plato nacional, la ficción de que el sistema está funcionando para las personas que viven dentro de él se vuelve imposible de sostener.
Los Beneficiarios Silenciosos
Nombremos la estructura claramente, sin acusaciones y sin suavizarla.
Hay actores que se benefician, directa y materialmente, de la dependencia de importaciones de alimentos de Costa Rica. Los exportadores agrícolas estadounidenses se benefician de un mercado anual de mil millones de dólares que se mantiene a través de marcos comerciales, sistemas de cuotas y una oficina gubernamental dedicada a expandir su participación en él. Los titulares de licencias de importación domésticas y los distribuidores se benefician del volumen y el control que crea la dependencia de importaciones. Las instituciones financieras que financian los ciclos de importación se benefician del flujo continuo. Las figuras políticas que mantienen relaciones con estos intereses se benefician de los recursos que esas relaciones proporcionan.
Hay actores que pagan por esa dependencia. El agricultor doméstico que no pudo competir con las importaciones subsidiadas y perdió su tierra o su medio de vida. El trabajador en un cantón rural cuyo empleo agrícola desapareció cuando la producción de cultivos básicos se contrajo. La familia tica cuya factura de alimentos está denominada en precios de materias primas globales sobre los que no tiene ninguna influencia. El niño cuya dieta pasó de arroz y frijoles y verduras frescas a importaciones procesadas, y cuyo cuerpo ha registrado ese cambio de maneras que discutiremos en la sección siguiente.
El sistema no dañó a todos por igual. Transfirió valor sistemáticamente — de productores domésticos a exportadores extranjeros, de comunidades agrícolas rurales a redes de distribución urbana, de la resiliencia a largo plazo de la nación a los márgenes de ganancia a corto plazo de las entidades posicionadas para beneficiarse de su dependencia.
Esa transferencia no ocurrió por accidente. Ocurrió a través de políticas. Las políticas tienen autores. Esos autores tomaron decisiones. Y el pueblo de Costa Rica tiene todo el derecho de saber quiénes las tomaron, qué ganaron esos autores, y si las decisiones se tomaron en el interés nacional o en el de alguien más.
Lo Que Esto Significa para la Inversión
Hay una dimensión más en esto que merece claridad, porque este artículo no solo es leído por ticos que exigen rendición de cuentas a su gobierno, sino también por inversores, instituciones de financiamiento para el desarrollo, y la comunidad internacional que toma en serio la marca de sostenibilidad de Costa Rica.
La misma captura estructural que llevó al sistema alimentario de Costa Rica a la dependencia es el principal factor de riesgo para cualquier inversión en soberanía alimentaria doméstica. Si el entorno político que destruyó la producción doméstica puede recrearse con un trazo de pluma legislativa — si los intereses que se benefician de la dependencia de importaciones retienen las relaciones políticas para bloquear o socavar la inversión en producción y procesamiento doméstico — entonces el capital desplegado para reconstruir ese sistema enfrenta los mismos vientos en contra que lo destruyeron la primera vez.
Es por eso que el primer año de la administración Fernández no es meramente una cuestión política doméstica. Es una condición de inversión. El nuevo gobierno debe señalar — en política ejecutable, no en lenguaje aspiracional — que la era de la dependencia de importaciones sistemática ha terminado. Los marcos regulatorios claros, la protección a la inversión en infraestructura alimentaria doméstica, y el compromiso político explícito con romper el ciclo de dependencia de importaciones son las condiciones que traerán capital privado a este espacio. Cuando esas condiciones existan, los inversores vendrán. La tierra está allí. La oportunidad es extraordinaria. Lo que ha faltado es la garantía política de que el sistema no simplemente recreará las condiciones que destruyeron la producción doméstica la última vez que alguien intentó construirla.
Los ticos que exigen esa garantía a su nuevo gobierno son los actores más importantes en esta ecuación. No los inversores. No los negociadores comerciales. Las personas que comen gallo pinto cada mañana y que merecen saber que los frijoles en él fueron cultivados en tierra costarricense.
SECCIÓN CUATRO: El Eslabón Perdido — Un País que Cultiva Comida que No Puede Comer
En Panamá, desarrollé lo que el Instituto Smithsonian reconoció como la primera granja orgánica de circuito cerrado de Centroamérica. He pasado más de veinte años recorriendo esta región profesionalmente, leyendo los paisajes para ver lo que producen — o lo que ya no producen.
Cuando manejo por Costa Rica, algo está ausente que no debería estarlo. Los campos están allí. La tierra está allí. La diversidad de alturas — desde las tierras bajas calientes de Guanacaste hasta los valles altos y frescos de Cartago — es extraordinaria, el tipo de geografía agrícola que los agrónomos estudian y los inversores codician. El país tiene agua. Tiene una fuerza laboral con conocimiento agrícola. Tiene infraestructura que conecta las fincas con los mercados. Por cualquier medida física, Costa Rica debería ser uno de los sistemas alimentarios domésticos más productivos del hemisferio.
Y sin embargo, la producción de alimentos es casi invisible.
No los cultivos de exportación. Esos están en todas partes — los campos de piña de la Zona Norte extendiéndose hasta el horizonte, las plantaciones bananeras de Limón cubriendo cientos de miles de hectáreas, los cultivos de palma aceitera avanzando por el terreno de las tierras bajas. Esa producción es visible, organizada y capitalizada. Pertenece a un sistema que sabe lo que hace y lo hace eficientemente.
Lo que es invisible es el otro tipo de producción. Los arrozales. Las parcelas de frijoles. El maíz. Las fincas de verduras que deberían estar abasteciendo a pueblos y ciudades con alimentos frescos, cultivados localmente. Hace treinta años estaban allí. Hoy tenés que buscar mucho para encontrarlos, y cuando los encontrás, son más pequeños de lo que deberían ser, menos organizados de lo que podrían ser, y operando bajo condiciones económicas que hacen improbable su existencia continua.
Costa Rica no perdió su capacidad agrícola. La redirigió. Y en esa redirección, dejó sin construir algo crítico — la infraestructura que habría convertido lo que el país cultiva en lo que el país come. Esa brecha no es una nota al pie de la historia de la soberanía alimentaria. Es su mecanismo central.
La Cuenca del Reventazón y el Problema de las Papas Fritas
En los altos de la provincia de Cartago, en la cuenca del río Reventazón, se encuentra una de las zonas de cultivo de verduras más productivas de Centroamérica. El suelo aquí, enriquecido por la actividad volcánica y alimentado por lluvia consistente, produce papas, cebollas, brócoli, zanahorias y una variedad de verduras de tierras altas que no crecen en ningún otro lugar del país a escala comparable. Según los propios datos agrícolas de Costa Rica, esta cuenca produce aproximadamente el 85% de las verduras cultivadas domésticamente en el país y representa aproximadamente el 73% de la producción nacional de papas.
Leé eso de nuevo. La cuenca del Reventazón cultiva casi todas las verduras que Costa Rica produce domésticamente. Es, por cualquier medida, la huerta de la nación.
Y sin embargo, Costa Rica importa más de 133 millones de dólares en verduras congeladas y procesadas cada año.
El país cultiva la papa. Importa las papas fritas. Cultiva el brócoli. Importa el florete de brócoli congelado. Cultiva la zanahoria. Importa el palito de zanahoria en la bolsa resellable. En cada punto donde la verdura cruda podría convertirse en un producto terminado listo para el estante — lavado, clasificado, congelado, empaquetado, con marca — la conversión no ocurre en Costa Rica. Ocurre en otro lugar. El valor creado por esa conversión va a otro lugar. Y Costa Rica paga una prima para importar de vuelta, en forma terminada, el producto que cultivó a precios de materia prima.
Los investigadores de la Universidad de Costa Rica y los economistas agrícolas del CATIE han documentado esta brecha de procesamiento durante años. Los datos no están en disputa. La brecha de infraestructura no es una sorpresa para nadie que trabaje en política agrícola costarricense. Lo que es sorprendente — y lo que exige explicación — es que haya persistido durante décadas sin la inversión que la cerraría.
Esto no es una falla del mercado en el sentido convencional. Los mercados están funcionando exactamente como están estructurados para funcionar. La falla es estructural: la planta de congelamiento nunca fue construida. La línea de empaque no existe. La red de almacenamiento en frío que permitiría que las verduras de las tierras altas lleguen a los 3,5 millones de consumidores del GAM en condiciones óptimas nunca fue desarrollada. No porque la tecnología no esté disponible, no porque la demanda no exista — los 133 millones de dólares en importaciones anuales demuestran que la demanda está muy presente — sino porque construir esa infraestructura nunca fue hecha económicamente atractiva, y porque el sistema de importación que la reemplazó sí lo fue.
El Banano Que Sale y la Harina Que Llega
El mismo patrón se repite en Limón, a una escala que hace que el ejemplo del Reventazón parezca modesto.
Las tierras bajas caribeñas de la provincia de Limón producen más del 80% de las exportaciones de banano de Costa Rica. El volumen es impresionante — cientos de miles de toneladas anualmente, enviadas a través del Puerto de Moín a supermercados de Europa y América del Norte. Es una de las operaciones de exportación agrícola más eficientes de Centroamérica, organizada alrededor de infraestructura de grandes plantaciones, logística sofisticada y décadas de experiencia acumulada en manejo post-cosecha y transporte en cadena de frío.
Costa Rica es de clase mundial llevando bananos crudos a los mercados extranjeros.
Y luego Costa Rica importa harina de banano. Importa productos de frutas tropicales secas. Importa bienes a base de cacao y almidón de yuca y los derivados de valor agregado de los cultivos tropicales que envía crudos. El margen de transformación — el valor económico creado al convertir un banano crudo en harina de banano, al fermentar y procesar el cacao en chocolate terminado, al secar y empacar frutas tropicales para mercados domésticos y regionales — va a procesadores en otros países. Costa Rica proporciona la materia prima. Otros capturan el valor.
¿Por qué no existe? Por la misma razón que no existe la planta de congelamiento del Reventazón. Porque el sistema, como está estructurado, no recompensa construirla. Las exportaciones de materias primas y las importaciones de productos terminados son el camino de menor resistencia. Construir el eslabón perdido — la capa de procesamiento entre lo que crece en la tierra y lo que llega al consumidor — genera fricción dentro de un sistema organizado alrededor de flujos comerciales en ambas direcciones. Construirlo perturba esos flujos. Y perturbar esos flujos le cuesta dinero a alguien.
Dos Fallas, Dos Oportunidades
Costa Rica enfrenta dos fallas paralelas y que se agravan mutuamente, y ambas son oportunidades de inversión.
La primera es un déficit de producción. El arroz, los frijoles y el maíz simplemente no se están cultivando en cantidades suficientes para alimentar al país. La tierra y la mano de obra agrícola que antes los producían han sido redirigidas hacia cultivos de exportación durante tres décadas de liberalización comercial. Las importaciones de emergencia de frijoles fueron necesarias en 2024 para prevenir una escasez doméstica. La producción doméstica de arroz colapsó un 50% después de las reformas arancelarias de 2022. Este no es un problema de procesamiento. Es un problema de producción, y requiere una solución directa: cultivar cultivos básicos en tierras subutilizadas, reactivar la capacidad agrícola ociosa en regiones como Guanacaste y Limón, y reconstruir la base de producción alimentaria doméstica que la política desmanteló.
El 73% de los frijoles negros, el 69% del maíz y el 100% del trigo que se consumen en Costa Rica son importados. Estos cultivos no se están produciendo. Nuestros nodos de inversión de Nivel A existen específicamente para cambiar eso, poniendo de vuelta la producción de alimentos básicos en tierra costarricense.
La segunda falla es una brecha de procesamiento. Para los cultivos que Costa Rica sí produce en volumen significativo, el producto crudo existe pero la infraestructura para convertirlo en lo que los consumidores realmente compran no existe. La cuenca del Reventazón produce las verduras. La planta de congelamiento nunca fue construida. Los agricultores bananeros de Limón exportan fruta cruda. La instalación de procesamiento de valor agregado no existe.
Ambas fallas son oportunidades de inversión. Reconstruir la producción faltante de cultivos básicos. Construir la infraestructura faltante para los cultivos que ya están allí. Juntas forman una estrategia completa de soberanía alimentaria — no una o la otra, sino ambas.
El Desperdicio que Financia la Importación
Costa Rica desperdicia aproximadamente el 40% de su suministro de alimentos anualmente. Esta no es una estadística conductual — no se trata principalmente de consumidores que tiran comida. Es una estadística de infraestructura. La mayoría de la pérdida de alimentos en Costa Rica ocurre en la etapa post-cosecha, entre la finca y el consumidor, porque el almacenamiento en frío, la capacidad de procesamiento y la logística de distribución que preservarían esos alimentos no existen a escala suficiente.
Una papa que se pudre en un camión de transporte de campo porque no hay almacenamiento en frío en el mercado regional representa dos fallas simultáneamente: el valor de esa papa se pierde para el agricultor que la cultivó, y el consumidor que la necesitaba debe comprar un sustituto importado. El sistema genera desperdicio y dependencia en el mismo punto, a través de la misma ausencia de infraestructura.
Cuarenta por ciento del suministro de alimentos de una nación, perdido anualmente en la brecha entre la finca y la mesa. Mientras tanto, más de mil millones de dólares gastados en importar alimentos que el país tiene la tierra, el clima y la mano de obra para producir por sí mismo. Estos dos números, sostenidos juntos, describen el problema de completitud en su totalidad.
Lo que falta no es la materia prima. Lo que falta es la decisión política de terminar lo que la tierra ya comenzó.
SECCIÓN CINCO: El Cuerpo Lleva el Marcador — Lo Que Sucede Cuando una Nación Cambia lo que Come
Quiero contarles algo que he observado, no como estadístico ni como analista de políticas, sino como persona que ha estado viniendo a Costa Rica durante muchos años.
La gente se ve diferente a como se veía hace veinte años.
No digo esto para ser cruel. Lo digo porque es verdad, es visible, y es el tipo de observación que las estadísticas confirman pero no pueden transmitir del todo. Costa Rica fue históricamente un país de personas delgadas y activas cuya dieta estaba construida alrededor del arroz, los frijoles, las verduras frescas, las frutas tropicales y las proteínas producidas localmente. La dieta costarricense tradicional no era sofisticada según los estándares de la cocina internacional, pero era nutricionalmente coherente — alimentos enteros, mínimamente procesados, cultivados cerca, comidos frescos. Los cuerpos que producía reflejaban esa coherencia.
Lo que observo ahora, caminando por San José, por los centros comerciales de Escazú, por los mercados de las ciudades provinciales, es algo diferente. La tasa de sobrepeso visible ha aumentado sustancialmente. Los niños que una generación atrás habrían estado corriendo delgados en los patios de las escuelas son más pesados. Los adultos de mediana edad cargan peso en patrones — abdominal, inflamatorio — que son la firma de un cambio dietético específico, no simplemente del envejecimiento o la prosperidad. El cambio no es sutil para alguien que lo ha visto acumularse durante dos décadas.
No soy el único que lo ha notado. Los datos confirman lo que el ojo observa. Y los datos, cuando entendés de dónde vienen, no son una sorpresa. Fueron predichos. Fueron publicados. Fueron conocidos. Y sucedieron de todas formas.
La Transición Nutricional: Una Catástrofe Predecible
Los investigadores de salud pública tienen un nombre para lo que Costa Rica está experimentando. Lo llaman la transición nutricional — el cambio de patrones dietéticos tradicionales basados en alimentos enteros cultivados localmente hacia sistemas alimentarios industrializados dominados por productos importados ultra-procesados. Ha sido estudiada durante décadas en América Latina, Asia y África. Sigue un patrón consistente y bien documentado dondequiera que ocurra.
La secuencia es así.
Un país abre sus mercados alimentarios al comercio internacional. La producción básica doméstica disminuye bajo la presión competitiva de las importaciones subsidiadas. El entorno minorista se llena de productos alimentarios importados, empaquetados y estables en estantería que son más baratos por caloría que las alternativas domésticas frescas, disponibles en todas partes y comercializados agresivamente. El conocimiento tradicional de preparación de alimentos — las prácticas culinarias que convertían ingredientes enteros en comidas nutritivas — se erosiona a medida que la comida de conveniencia procesada la reemplaza. La ingesta calórica aumenta mientras la calidad nutricional disminuye. En el transcurso de una a dos décadas, las tasas de obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y síndrome metabólico comienzan a aumentar bruscamente.
Esta secuencia se ha desarrollado en México tras el NAFTA. En Chile tras su liberalización del comercio agrícola en los años noventa. En Guatemala, en Honduras, en Filipinas, en Sudáfrica. Los investigadores que documentaron estas transiciones — entre ellos Barry Popkin de la Universidad de Carolina del Norte, cuyo trabajo sobre la transición nutricional ha sido fundamental — estaban publicando sus hallazgos en los años noventa y principios de los dos mil. La evidencia de que la liberalización del comercio agrícola impulsa la industrialización dietética y las consecuencias de salud que siguen estaba disponible y era creíble antes de que Costa Rica votara sobre el CAFTA-DR en 2007.
En Costa Rica, las tasas de sobrepeso y obesidad se han más que duplicado desde la implementación del CAFTA. Las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta — diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, síndrome metabólico — son ahora uno de los principales impulsores del costo de atención médica en un país cuyo sistema de salud pública fue alguna vez la envidia de la región. Los propios datos del Ministerio de Salud rastrean el aumento. La Caja Costarricense de Seguro Social, la CCSS, absorbe el costo. El contribuyente tico lo paga.
Los Alimentos Ultra-Procesados: Qué Son y Qué Hacen
Hay un término que la ciencia nutricional usa con precisión creciente: alimentos ultra-procesados. No se refiere simplemente a alimentos que han sido cocinados o conservados, sino a productos alimenticios fabricados a partir de ingredientes industriales — almidones refinados, azúcares añadidos, aceites hidrogenados, sabores artificiales, conservantes, emulsionantes — que tienen poca semejanza estructural con los alimentos enteros de los que sus componentes fueron nominalmente derivados.
Los alimentos ultra-procesados están específicamente diseñados para ser consumidos en cantidades más allá de lo que el hambre requiere. La combinación de carbohidratos refinados, grasas añadidas y sal o azúcar está calibrada para anular las señales de saciedad del cuerpo. Están diseñados para ser atractivos, habituales y difíciles de dejar de comer. Esto no es una acusación — es la ciencia documentada del desarrollo de productos alimenticios, y se discute abiertamente dentro de la industria alimentaria.
Cuando estos productos reemplazan a los alimentos enteros tradicionales en la dieta de una población, las consecuencias metabólicas son medibles y consistentes. La regulación del azúcar en sangre se deteriora. Los marcadores inflamatorios aumentan. La composición del microbioma intestinal cambia de maneras asociadas con enfermedades metabólicas. El peso aumenta, particularmente la acumulación de grasa abdominal, que está específicamente asociada con riesgo cardiovascular y diabético. Estos resultados no son el producto de debilidad personal o falta de disciplina. Son la respuesta fisiológica de los cuerpos humanos a un entorno alimentario que fue diseñado en un laboratorio y optimizado para las ganancias en lugar de la nutrición.
Los estantes de los supermercados costarricenses están llenos de estos productos. Caminá por un La Colonia o un Más x Menos y mirá qué ocupa la mayoría del espacio — las papas fritas, las galletas, las bebidas azucaradas, las comidas instantáneas empaquetadas, los análogos lácteos con sabor, las carnes procesadas estables en estantería. La mayoría es importada, o fabricada domésticamente a partir de ingredientes industriales importados. Muy poco se parece, nutricional o estructuralmente, a lo que los costarricenses comían hace treinta años.
El cambio no fue impulsado por las preferencias del consumidor en ningún sentido significativo. Fue impulsado por la disponibilidad, el precio y el desmantelamiento sistemático de la alternativa.
La Ilusión de la Elección
Es tentador enmarcar el cambio dietético como una cuestión de responsabilidad personal. Las personas eligen lo que comen. Si los costarricenses están comiendo más alimentos procesados y menos alimentos tradicionales, eso es un reflejo de sus preferencias.
Este encuadre es seductor porque es parcialmente verdadero y profundamente engañoso.
Las personas comen lo que el sistema hace fácil. Cuando el precio de los alimentos procesados importados cae por debajo del precio de los productos frescos domésticos porque uno está subsidiado e industrialmente escalado y el otro no, la elección no es verdaderamente libre — está económicamente limitada. Cuando el conocimiento tradicional de preparación de alimentos que convertía ingredientes enteros en comidas diarias no se transmite a la siguiente generación porque ambos padres están trabajando en la economía de servicios y ya no hay tiempo para ello, la elección no es puramente cultural — es estructural.
Las personas que cambiaron su dieta no lo hicieron en un vacío. Se adaptaron a un entorno que fue sistemáticamente remodelado a su alrededor por fuerzas que no eligieron y decisiones con las que no fueron consultadas. El agricultor que dejó de cultivar frijoles porque no podía competir con las importaciones subsidiadas no fue consultado. La familia que cambió de arroz y frijoles frescos cocinados en casa a arroz instantáneo empaquetado porque era más barato y rápido no fue consultada. El niño que creció comiendo snacks ultra-procesados importados porque el comedor escolar estaba abastecido con ellos en lugar de comida local no fue consultado.
Los tratados comerciales que remodelaron el entorno alimentario fueron negociados por funcionarios, ratificados por legisladores e implementados por agencias. Las personas que viven con las consecuencias metabólicas de esas decisiones son las que tuvieron menos voz al tomarlas.
El Costo que No Aparece en los Modelos Comerciales
Los tratados comerciales se evalúan en términos económicos: impacto en el PIB, volúmenes de exportación, índices de precios al consumidor, flujos de inversión extranjera. Estas son las métricas por las que el CAFTA-DR fue evaluado cuando se propuso, cuando se hizo campaña por él y cuando fue ratificado.
Ninguna de las evaluaciones de impacto comercial estándar incluyó una proyección de los costos de atención médica a largo plazo generados por la transición dietética que la liberalización comercial se sabía que produciría. Ninguna modeló el aumento del gasto de la CCSS asociado con el aumento de enfermedades metabólicas que la literatura sobre transición nutricional, disponible en ese momento, predijo consistentemente. Ninguna incluyó la pérdida de productividad asociada con una población en edad de trabajar que experimenta tasas más altas de enfermedades crónicas que la generación anterior.
Costa Rica se está acercando al punto de quiebre. La CCSS está bajo presión fiscal estructural. El manejo de enfermedades crónicas está consumiendo una parte cada vez mayor de un presupuesto de salud pública que fue diseñado para una población más sana. El costo de la transición dietética está aterrizando, con fuerza acumulada, en una institución pública construida sobre la premisa de una Costa Rica que comía diferente a como come ahora.
Eso no es una coincidencia. Es causalidad, que corre desde la política comercial hasta el entorno alimentario, el patrón dietético, el resultado metabólico y el gasto en salud pública. La cadena está documentada. Los eslabones están establecidos. Lo que falta es la voluntad política para reconocer la cadena y actuar sobre sus implicaciones.
El gallo pinto en la mesa del desayuno costarricense no es solo un símbolo cultural. Es una prescripción metabólica. Los frijoles negros y el arroz, comidos juntos, forman un perfil de proteína completo que el cuerpo humano procesa eficientemente, que sostiene la energía durante un día de trabajo y que ha sido el fundamento nutricional de una población tica sana durante generaciones. La importación de emergencia de frijoles negros en 2024 no fue solo una falla de seguridad alimentaria. Fue una señal de salud pública.
Cuando un país no puede producir de manera confiable los alimentos que mantienen sana a su gente, ha fallado en la responsabilidad más básica de gobernanza. Y cuando ese fracaso es el resultado directo y rastreable de decisiones de política que sistemáticamente beneficiaron intereses específicos a expensas de la salud pública, no es un error de política. Es una dejación de deberes.
SECCIÓN SEIS: La Soberanía No Es un Eslogan — Lo Que Realmente Requiere la Pura Vida
Hay una pregunta que cada costarricense merece considerar, no como abstracción sino como reflexión personal.
Si la marca que define a tu país ante el mundo — la marca que llena los hoteles, atrae la inversión, gana el respeto internacional y te da el orgullo silencioso de vivir en un lugar que el mundo mira con admiración — si esa marca está construida sobre una base que tu sistema alimentario contradice activamente, ¿de qué exactamente estás orgulloso?
Esto no es un ataque retórico a Costa Rica ni a los ticos. Es la pregunta más importante que el país puede hacerse ahora mismo, porque la respuesta determina si la identidad Pura Vida sigue siendo una expresión genuina de valores nacionales o se convierte, con cada año que pasa de profundización de la dependencia de importaciones de alimentos, en un eslogan de marketing para una realidad que ya no existe debajo de ella.
Costa Rica ha ganado su reputación ambiental honestamente. El logro en energía renovable es real. La conservación de la biodiversidad es real. La abolición del ejército y la redirección de esos recursos hacia la educación y la salud fue un acto genuino de valentía nacional que todavía distingue a este país en una región donde ese tipo de valentía es rara. Estas no son fabricaciones. Son el fundamento de una identidad nacional legítima.
Pero una identidad nacional no es una cosa parcial. No podés ser el líder mundial de sostenibilidad en los dominios que son fáciles de medir e invisible en los dominios que son más difíciles de confrontar. Y el sistema alimentario es el dominio más difícil de confrontar, porque implica la vida diaria, las relaciones económicas, el poder político y la brecha entre lo que un país dice que defiende y lo que realmente hace.
Esa brecha, en el caso de Costa Rica, ya no es lo suficientemente pequeña para ignorar.
La Medida Fraudulenta
Digamos algo claramente que rara vez se dice en compañía diplomática.
Las métricas de sostenibilidad de Costa Rica son incompletas hasta el punto de ser engañosas.
Cuando el país reporta el 98% de generación de electricidad renovable, ese número es real y es notable. Pero solo mide una dimensión de la huella ambiental del país. No mide el costo de carbono de importar más de mil millones de dólares en alimentos anualmente desde los Estados Unidos — las emisiones de transporte, las emisiones de la agricultura industrial de los sistemas de producción que suministran esas importaciones, la logística de cadena de frío que mueve los alimentos procesados a través del hemisferio para llegar a los estantes de los supermercados costarricenses.
No mide el costo ecológico de los monocultivos de piña y banano que reemplazaron los diversos sistemas domésticos de cultivos alimentarios — la degradación del suelo, la contaminación de las vías fluviales con pesticidas, la pérdida de biodiversidad en zonas agrícolas que antes eran más complejas y resistentes. Costa Rica usa más pesticidas por hectárea que casi cualquier otro país del mundo, consecuencia de la agricultura intensiva de monocultivos de exportación que rara vez aparece en los informes ambientales que celebran el logro en energía renovable.
No mide el costo de salud de un sistema alimentario que, durante treinta años, reemplazó una dieta tradicional de alimentos enteros con productos ultra-procesados importados y produjo, como consecuencia predecible y documentada, un deterioro metabólico a nivel poblacional que ahora está sobrecargando el sistema de salud pública.
Un país que genera electricidad limpia mientras importa su comida en barcos portacontenedores diésel, mientras degrada sus suelos agrícolas con productos químicos de monocultivos de exportación, mientras absorbe una epidemia de enfermedades crónicas impulsada por las importaciones procesadas que reemplazaron la comida que dejó de cultivar — la afirmación de sostenibilidad de ese país no es falsa. Pero es profundamente incompleta.
La incompletitud a escala se convierte en su propio tipo de deshonestidad. Y los ticos que se enorgullecen genuinamente del liderazgo ambiental de su país merecen conocer el panorama completo de lo que ese liderazgo incluye y no incluye.
La Soberanía No Es Metafórica
Cuando tu gobierno debe llamar a importaciones de emergencia de frijoles negros para prevenir una escasez del plato nacional, no está tomando una decisión autónoma. Está gestionando una dependencia. La decisión sobre de dónde vienen esos frijoles, a qué precio, en qué términos y con qué condiciones diplomáticas adjuntas no se toma en San José. Se toma en la intersección de los mercados globales de materias primas, los intereses extranjeros de exportación agrícola y los marcos comerciales que gobiernan el acceso — marcos cuyos términos fueron establecidos, como describimos en la sección dos, con una influencia significativa de los intereses que se benefician de la dependencia continua de Costa Rica.
Un gobierno que gestiona la dependencia no está gobernando. Está reaccionando. La gobernanza — la gobernanza genuina, el tipo al que aspira la tradición constitucional costarricense — requiere la capacidad de tomar decisiones en el interés nacional y no bajo la restricción de relaciones de suministro externas. Esa capacidad comienza con los alimentos. Los alimentos son el piso, y sin él el edificio no tiene fundamento.
Esto es lo que la soberanía alimentaria realmente significa. No autosuficiencia en todo. No rechazo del comercio internacional. No un romanticismo agrario que ignora las realidades de una economía moderna. Significa tener la capacidad productiva para garantizar que la población pueda ser alimentada, en crisis y en estabilidad, a partir de recursos domésticos. Significa que el acto diario más básico de sostener la vida humana — comer — no es contingente a la buena voluntad de los exportadores extranjeros, la estabilidad de las rutas marítimas mundiales o la alineación diplomática de relaciones comerciales que pueden ser renegociadas por gobiernos que el pueblo costarricense no eligió.
Eso es algo razonable que una nación soberana le exija a su gobierno. Es, de hecho, lo más básico.
El Llamado a los Ticos
Quiero hablar directamente aquí, no como analista ni como inversor, sino como alguien que ha observado este país desde afuera durante mucho tiempo y que cree, genuinamente, que Costa Rica es capaz de algo que la mayoría de los países no son.
Ya han demostrado que una nación pequeña puede tomar decisiones que naciones más grandes y más poderosas no han tenido el valor de tomar. Abolieron su ejército. Protegieron sus bosques cuando el incentivo económico era talarlos. Construyeron un sistema de atención médica que sirve a todos cuando el camino más fácil era servir solo a los que podían pagar. Estas no fueron decisiones pequeñas. Fueron actos de voluntad colectiva que requirieron que su clase política priorizara el interés nacional a largo plazo sobre los incentivos a corto plazo que tiraban en otras direcciones.
La crisis de soberanía alimentaria requiere el mismo acto de voluntad colectiva. Y comienza no en la Asamblea Legislativa sino en la mesa del desayuno, en el supermercado, y en la claridad con que expresan sus expectativas al gobierno que acaban de elegir.
Cuando eligen el tomate costarricense sobre el importado, aunque cueste un poco más, están tomando una decisión de soberanía. Están enviando una señal de mercado de que la producción doméstica tiene valor — no solo valor económico sino valor nacional. Cuando exigen saber de dónde viene su comida, están ejerciendo una forma de rendición de cuentas política que ninguna reforma de financiamiento de campañas puede replicar. Cuando exigen de la presidenta Fernández y de la Asamblea Legislativa compromisos específicos, concretos y medibles para restaurar la capacidad de producción alimentaria doméstica de Costa Rica, están exigiendo el tipo de gobernanza que la marca Pura Vida afirma representar.
Los intereses que se benefician de la dependencia de importaciones no renunciarán voluntariamente a su posición. Nunca lo han hecho, en ningún lugar. Ceden cuando el costo político de mantener esa posición supera el beneficio financiero de mantenerla. Ese costo político lo fijás vos. Si la soberanía alimentaria es una prioridad de gobernanza sobre la que la nueva administración debe actuar, o una preocupación abstracta que puede postergarse con seguridad. Si los ticos tratan la pregunta de qué comen y de dónde viene como una pregunta política — que lo es — o como una personal que no tiene nada que ver con la gobernanza.
Tiene todo que ver con la gobernanza. Siempre lo tuvo.
La Marca que Realmente Vivís
Hay una versión de la Pura Vida que se realiza para los turistas y se mide en estadísticas de energía renovable, índices de biodiversidad y clasificaciones internacionales de sostenibilidad.
Y hay una versión que se vive — en la calidad de lo que comen los costarricenses, en la salud de sus hijos, en el bienestar económico de las comunidades agrícolas que han sido sistemáticamente desmanteladas durante tres décadas, en la capacidad de una nación de mirarse a sí misma honestamente y actuar sobre lo que ve.
La segunda versión es más difícil. Requiere confrontar la brecha entre la marca y la realidad. Requiere exigir rendición de cuentas a las figuras políticas cuyas carreras se han construido en gestionar esa brecha en lugar de cerrarla. Requiere estar dispuestos a pagar un poco más por el tomate doméstico, el frijol local, la verdura de las tierras altas cultivada en Cartago en lugar de congelada en Ohio. Requiere tratar el sistema alimentario como lo que es — un sistema político, con autores políticos y rendición de cuentas política — en lugar de como un fenómeno natural que simplemente es lo que es.
Pero la segunda versión es la que hace que la primera sea verdadera.
Un país que come alimentos ultra-procesados importados mientras sus campos yacen en barbecho no está viviendo la Pura Vida. La está actuando. Y las actuaciones, eventualmente, son reconocidas por lo que son.
Lo Que la Presidenta Fernández Debe Hacer — Ahora
El 1 de febrero de 2026, los costarricenses eligieron a Laura Fernández Delgado del Partido Pueblo Soberano como su presidenta, con una convincente victoria en primera ronda del 48,7% que le dio tanto un mandato claro como una mayoría legislativa. Asume el cargo el 8 de mayo como la segunda presidenta del país, habiendo prometido en su discurso de victoria “un cambio profundo e irreversible” y una nueva era política.
Presidenta Fernández: este artículo está dirigido, en parte, directamente a usted.
Si la nueva era que ha prometido se extiende a la soberanía alimentaria dependerá casi enteramente de la presión pública y de las decisiones que tome su administración en sus primeros meses en el poder — antes de que las posiciones de política se cristalicen y los intereses sean acomodados. El contexto global que está heredando ha cambiado dramáticamente respecto al que imperaba cuando hizo campaña. La guerra en Irán ha cerrado el Estrecho de Ormuz. Los precios de los fertilizantes han aumentado un 77% desde diciembre de 2025. El sistema agrícola estadounidense que suministra la mayoría de los alimentos importados de Costa Rica está operando al 75% de los niveles normales de suministro de fertilizantes. El shock de precios de alimentos cuyos efectos plenos llegarán en la segunda mitad de su primer año en el cargo no es un riesgo futuro. Es un proceso activo y en aceleración.
Su plataforma documentada aborda la modernización agrícola y el acceso al mercado. Ese lenguaje es ambiguo de una manera que este momento no permite. La “modernización agrícola” puede significar construir la planta de congelamiento en las tierras altas del Reventazón que debería haberse construido hace treinta años. O puede significar facilitar importaciones más eficientes de verduras congeladas del exterior. Ambas pueden llamarse modernización. Solo una es soberanía.
Lo que su gobierno debe hacer, específica y mensurablemente: crear claridad regulatoria y protección a la inversión para la infraestructura doméstica de procesamiento de alimentos. Revisar las estructuras arancelarias y de cuotas que continúan perjudicando a los productores de cultivos básicos. Implementar políticas de adquisición doméstica en instituciones gubernamentales, escuelas públicas y la red hospitalaria de la CCSS que creen demanda garantizada para alimentos producidos domésticamente. Iniciar una conversación regional de emergencia con los vecinos centroamericanos sobre cooperación en seguridad alimentaria. Y comprometerse públicamente con un marco de soberanía alimentaria que trate la capacidad de producción alimentaria doméstica como un activo de seguridad nacional.
La política arancelaria de la administración Trump ha colocado a Costa Rica bajo un arancel base del 15% en sus exportaciones a los Estados Unidos — más alto que la mayoría de América Latina. El sector agrícola de exportación de Costa Rica está siendo presionado desde afuera en el mismo momento en que su producción alimentaria doméstica está agotada desde adentro. El argumento para invertir en producción y procesamiento de alimentos domésticos no es solo un argumento de soberanía alimentaria. Bajo las condiciones actuales, es un argumento de resiliencia económica que el propio mercado está formulando. Tiene una mayoría legislativa y un mandato. Úselos.
Los inversores existen. La tierra existe. La oportunidad agrícola es extraordinaria. Lo que ha faltado es la garantía política de que el sistema no recreará las condiciones que destruyeron la producción doméstica la última vez que alguien intentó construirla. Su administración puede proporcionar esa garantía. La pregunta es si lo hará.
No ocurrirá por sí solo. Nunca ocurre.
SECCIÓN SIETE: Las Naciones Productoras Tienen el Poder — Por Qué la Crisis que Llega en Doce Meses lo Cambia Todo
El 28 de febrero de 2026 — veintisiete días después de que Laura Fernández ganara la elección presidencial de Costa Rica — los Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán. En cuestión de días, Irán procedió a cerrar el Estrecho de Ormuz, el angosto paso por el que normalmente transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas del mundo, y aproximadamente un tercio de todos los fertilizantes marítimos globales. El tráfico a través del Estrecho cayó de alrededor de 130 barcos por día antes de la crisis a cifras de un solo dígito a principios de marzo — una disminución de más del 95%. El jefe de la Agencia Internacional de Energía lo describió como la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial de petróleo.
El shock del precio del petróleo hizo titulares de inmediato. Lo que hizo menos ruido en las primeras semanas del conflicto, y lo que se convertirá en la historia más importante durante los próximos doce meses, es lo que el cierre del Estrecho le está haciendo al suministro mundial de fertilizantes — y lo que eso significa para la cosecha que alimenta al planeta en 2027.
Cada costarricense que lee este artículo debe entender claramente los siguientes hechos, porque describen el mundo que su país está entrando, y hacen que todo lo que este artículo ha argumentado sobre la soberanía alimentaria sea no solo importante sino urgente de una manera que ya no es teórica.
La Crisis de Fertilizantes: Lo que Realmente Está Pasando
La agricultura industrial moderna corre con nitrógeno. Específicamente con urea — el fertilizante de nitrógeno más utilizado en el mundo, esencial para lograr rendimientos comercialmente viables de arroz, maíz, trigo y frijoles. Sin suficiente nitrógeno, los rendimientos caen. Con un déficit prolongado de nitrógeno, las cosechas se contraen. Con cosechas contraídas, los precios de los alimentos suben. Con precios de alimentos al alza, los países más dependientes de las importaciones — países como Costa Rica — enfrentan las consecuencias más graves.
Casi la mitad de la urea comercializada en el mundo y grandes volúmenes de otros fertilizantes se exportan desde los países del Golfo a través del Estrecho de Ormuz. Ese suministro está ahora gravemente interrumpido.
Después de que las instalaciones de GNL de Qatar fueron atacadas, QatarEnergy detuvo la producción en la planta de urea más grande del mundo. India redujo la producción en tres de sus propias plantas de urea a medida que el GNL se agotó. Bangladesh cerró cuatro de sus cinco fábricas de fertilizantes. Los precios de la urea aumentaron aproximadamente un 40%, subiendo de menos de 500 a más de 700 dólares por tonelada métrica. A mediados de marzo, los precios de la urea habían aumentado un 77% desde los niveles de diciembre de 2025. Los analistas de Oxford Economics advirtieron que los precios de los fertilizantes nitrogenados podrían duplicarse aproximadamente desde los niveles actuales y que los precios de los fosfatos podrían subir un 50%. El Carnegie Endowment for International Peace señaló que incluso si la guerra en Irán termina hoy, reiniciar la producción y el transporte de fertilizantes y sus componentes podría llevar semanas — en un momento crucial para la siembra.
El momento es catastrófico. La temporada de siembra de primavera en el hemisferio norte se extiende de mediados de febrero a principios de mayo. Los fertilizantes que llegan a los puertos del Golfo de México de EE.UU. después de un viaje de treinta a cuarenta y cinco días desde el Estrecho de Ormuz deben pedirse en marzo y aplicarse en abril o mayo. A mediados de marzo, el suministro de fertilizantes de EE.UU. estaba en aproximadamente el 75% de los niveles normales. Los agricultores estadounidenses podrían cambiar hasta 1,5 millones de acres de maíz a soya — un cultivo menos dependiente del nitrógeno — lo que tendrá efectos en cascada sobre los precios mundiales de los alimentos durante 2026 y hasta 2027.
Y luego está la segunda amenaza que llega en la misma ventana.
La Crisis Compuesta: El Niño Encima de Todo
Como si el shock de fertilizantes no fuera suficiente, los científicos del clima advierten ahora sobre un “súper El Niño” cada vez más probable que se desarrolle en la segunda mitad de 2026. Los modelos climáticos europeos indican una probabilidad elevada de un evento muy fuerte. Para Centroamérica — que se encuentra directamente en el camino de El Niño — esto no es ruido de fondo. Es una segunda amenaza simultánea que llega en la misma ventana de doce meses que la crisis de fertilizantes.
Como señaló claramente un analista senior del Energy and Climate Intelligence Unit: “Los precios de los alimentos están siendo presionados por ambos lados: por los extremos climáticos que interrumpen la producción en las principales regiones productoras, y por un sistema alimentario que todavía depende de los combustibles fósiles y por lo tanto está expuesto a picos en los costos de gas, fertilizantes, transporte y embalaje.”
Para Costa Rica específicamente, un evento de El Niño agrava cada vulnerabilidad que este artículo ha descrito. Amenaza la producción de verduras de las tierras altas en Cartago que ya está sin procesar y subvalorada. Amenaza los cultivos de café y frijoles de la región sur. Estresa la disponibilidad de agua para la agricultura tropical de las tierras bajas de Guanacaste — precisamente la región donde la producción de cultivos básicos necesita reconstruirse. Un país con producción doméstica robusta de alimentos e infraestructura de almacenamiento puede absorber un shock climático. Un país que depende de las importaciones para el 73% de sus frijoles, el 69% de su maíz y el 100% de su trigo, sin reservas estratégicas significativas, no puede.
Esta es la vulnerabilidad compuesta que treinta años de erosión de la soberanía alimentaria han creado: llegando no una amenaza a la vez, sino simultáneamente, en el primer año de un nuevo gobierno que aún no ha articulado una respuesta de emergencia de soberanía alimentaria.
Lo Que Esto Significa para Costa Rica Específicamente
Los alimentos importados de los que Costa Rica depende para su dieta básica están a punto de volverse más caros. Los aumentos de precios del combustible impulsados por el shock petrolero elevarán el costo de cada contenedor que llegue al Puerto Caldera y al Puerto Limón. Los aumentos de precios de fertilizantes elevarán el costo de las materias primas agrícolas — maíz, trigo, soya — que Costa Rica importa en forma terminada o semiprocesada. El sistema agrícola estadounidense, el principal proveedor de alimentos de Costa Rica, ya opera con un déficit del 25% en el suministro de fertilizantes en esta temporada de siembra, lo que se traducirá en menores rendimientos y mayores precios en el ciclo de cosecha que sigue.
El Programa Mundial de Alimentos de la ONU estima que si el conflicto persiste más allá de junio de 2026, el número de personas que enfrentan hambre aguda a nivel mundial podría aumentar en 45 millones. Las consecuencias más graves recaerán en los países dependientes de importaciones que no pueden absorber costos más altos. Esa descripción encaja en Costa Rica con precisión.
Al mismo tiempo, el arancel Trump que coloca a Costa Rica bajo un arancel base del 15% en sus exportaciones está reduciendo las ganancias en divisas que pagan esas importaciones — apretando el espacio fiscal disponible para amortiguar los costos crecientes de alimentos precisamente cuando ese amortiguador más se necesita. La CCSS, ya bajo presión fiscal estructural por la carga de enfermedades crónicas que describimos en la sección cinco, enfrentará costos crecientes por el ambiente inflacionario que el conflicto está generando.
Esto es treinta años de erosión de la soberanía alimentaria, presentando su factura en el peor momento posible.
Las Naciones Productoras Ahora Tienen las Cartas
Y sin embargo — esto es lo que la crisis también revela.
Las naciones mejor posicionadas para amortiguar el próximo shock de fertilizantes no son los grandes productores industriales que han maximizado la dependencia del nitrógeno sintético. Son las naciones con la base de cultivos más diversificada, la mayor actividad biológica del suelo y los sistemas agrícolas tradicionales adaptados a la producción con bajos insumos externos.
Los sistemas agrícolas tradicionales de Centroamérica — la milpa policultivo de frijoles y maíz, los suelos volcánicos de las zonas de verduras de las tierras altas, las temporadas de cultivo tropicales durante todo el año — tienen exactamente esas características. Fijación biológica de nitrógeno a través del cultivo de leguminosas. Alta materia orgánica del suelo de la geología volcánica. Producción durante todo el año que reduce la dependencia estacional concentrada en insumos sintéticos que hace que el monocultivo templado sea tan vulnerable a los shocks de precios de fertilizantes.
Este no es un argumento romántico por la agricultura preindustrial. Es una observación específica y práctica hecha más urgente por la crisis actual. El sistema alimentario global se está reorganizando en torno a la escasez — de fertilizantes, de cadenas de suministro confiables, de tierra agrícola productiva en un clima en calentamiento. Las naciones que pueden producir alimentos, de manera diversa y durante todo el año con dependencia reducida de insumos sintéticos, tienen una palanca que nunca se supuso que ejercieran.
Centroamérica tiene esa capacidad. Ha sido sistemáticamente subinvertida, descuidada por las políticas y estructuralmente desalentada durante treinta años. Pero existe. Y la necesidad del mundo de lo que puede producir está aumentando, no disminuyendo, a medida que el sistema construido sobre el supuesto del suministro permanente de fertilizantes del Medio Oriente y las rutas marítimas globales estables demuestra su fragilidad en tiempo real.
Centroamérica Debe Elegirse Mutuamente — Ahora
Cada nación centroamericana enfrenta este shock simultáneamente. El mismo aumento de precios de fertilizantes. La misma inflación de costos de envío. La misma presión sobre las cadenas de suministro dependientes de importaciones. La misma amenaza de El Niño que llega en la misma ventana.
Siete naciones, cada una negociando individualmente estas presiones desde posiciones de debilidad individual, se irán peor que siete naciones que coordinan. Un marco regional de emergencia de soberanía alimentaria — comercio preferencial de cultivos básicos entre naciones centroamericanas, acuerdos de reservas estratégicas compartidas de alimentos, inversión coordinada en infraestructura de procesamiento regional, poder de compra conjunto de fertilizantes a precios actuales antes de mayores aumentos — no es idealismo. Es la respuesta racional de naciones vecinas con vulnerabilidades compartidas y activos agrícolas complementarios a una crisis que las afecta a todas simultáneamente.
El conflicto de Irán ha demostrado, con perfecta claridad, que los sistemas globales en los que se ha instruido a Centroamérica para que dependa no son confiables. La cooperación regional de soberanía alimentaria es el cambio estructural que reduce esa dependencia — la misma lógica que impulsa la inversión en energía renovable se aplica directamente a los alimentos. Las naciones que producen su propia energía están menos expuestas a los shocks energéticos. Las naciones que producen sus propios alimentos están menos expuestas a los shocks alimentarios.
Costa Rica, como la nación más institucionalmente creíble de la región, con la marca internacional más fuerte y el mandato político más inmediato tras la elección de febrero de Fernández, está posicionada para proponer ese marco regional. La pregunta es si el nuevo gobierno entiende que los argumentos para la soberanía alimentaria que parecían importantes pero no urgentes hace seis meses son ahora urgentes de una manera que no admite demora.
Las naciones productoras tienen el poder. Siempre lo han tenido. La diferencia entre ahora y hace treinta años es que el sistema diseñado para evitar que lo ejerzan está fallando visible y dramáticamente.
La tierra de Centroamérica puede producir alimentos. El mundo necesita alimentos. Las cadenas de suministro que se suponía que hacían irrelevantes esos dos hechos entre sí se han roto.
Eso no es un problema. Es una oportunidad.
SECCIÓN OCHO: Lo Que Creo Que Es Posible — Una Declaración de Cierre
Quiero dar un paso atrás de los datos por un momento.
He escrito este artículo desde un punto de vista particular — como alguien que construyó una granja orgánica de circuito cerrado en Panamá que el Instituto Smithsonian trajo a universidades de todo el mundo a estudiar, que ha viajado Centroamérica profesionalmente durante más de veinte años, y que tiene algo en juego en la pregunta de si esta región puede organizarse alrededor de sus propios intereses y no alrededor de los intereses de sistemas diseñados en otro lugar.
No soy un observador neutral. Creo que la soberanía alimentaria importa. Creo que la tierra de Centroamérica es uno de los activos agrícolas más extraordinarios del mundo, y que las personas que viven en ella merecen beneficiarse de ella en lugar de ver fluir su valor hacia afuera mientras importan la versión procesada de lo que cultivan. Creo que la captura estructural que hemos descrito en este artículo es real, está documentada y le está costando a las personas de esta región su salud, su dignidad económica y su independencia política de maneras que son visibles si sabés cómo buscarlas.
También creo algo que los pesimistas sobre esta región tienden a subestimar: que Costa Rica ha demostrado, en su historia, la capacidad de tomar decisiones que contradicen los incentivos que apuntan en la dirección opuesta. No una vez. Repetidamente. La abolición del ejército fue una decisión que desafió la lógica de su momento. El compromiso temprano con la energía renovable fue una decisión que desafió el modelo de desarrollo extractivo que la rodeaba. La conservación de una cuarta parte del territorio nacional fue una decisión que desafió las presiones económicas a corto plazo que empujan a cada país en desarrollo hacia despejar y convertir en materia prima sus activos naturales.
Estas no fueron decisiones fáciles. Requirieron liderazgo político dispuesto a absorber costos a corto plazo por ganancias que no serían visibles durante años o décadas. Requirieron un público dispuesto a mantener a ese liderazgo responsable ante una visión a largo plazo en lugar de conformarse con el camino de menor resistencia. Y funcionaron. Produjeron la marca, el posicionamiento y la calidad de vida que distinguen a Costa Rica de la mayoría de sus vecinos y que el mundo genuinamente respeta.
El desafío de la soberanía alimentaria es el mismo tipo de decisión. Requiere hacer lo más difícil — reconstruir lo que fue desmantelado, construir lo que nunca fue construido, confrontar los intereses que se benefician del sistema actual — en lugar de lo más fácil, que es continuar gestionando la dependencia mientras se representa la marca que la contradice. Es el tipo de decisión que Costa Rica ha tomado antes. Es el tipo de decisión de la que Costa Rica es capaz de nuevo.
Lo Que He Visto
He manejado por los cantones de Cartago y he visto los campos de las tierras altas que deberían estar organizados, capitalizados y conectados a una cadena de frío que lleve sus verduras a San José en condiciones óptimas — en lugar de venderlas crudas a precios de puerta de finca a intermediarios. He manejado por Limón y he visto las plantaciones bananeras que se extienden hasta el horizonte — capacidad productiva extraordinaria, toda ella fluyendo hacia afuera como materia prima, ninguna de ella quedándose para alimentar a las comunidades que la rodean. He estado en supermercados en San José y noté, con la atención específica de alguien que ha pasado su vida laboral pensando en la producción de alimentos, que la inmensa mayoría de lo que llena esos estantes vino de otro lugar — y que el precio de esa comida importada es el precio de una dependencia que fue construida deliberadamente y se mantiene deliberadamente.
También he visto a la gente. He observado, durante dos décadas, el cambio físico visible que la sección sobre nutrición describió en términos clínicos. El pueblo de Costa Rica no era, hace una generación, la población que veo hoy en términos de salud metabólica. Ese cambio no es sutil para alguien que lo ve acumularse. Es el testimonio más visible disponible de lo que el cambio de política descrito en este artículo realmente produjo — no en estadísticas agrícolas ni en datos de balanza comercial, sino en los cuerpos de las personas que viven dentro del sistema que construyeron esas políticas.
Y he visto algo más que los datos no capturan: la casi invisibilidad de la producción de alimentos en un país cuya tierra debería estar produciendo alimentos visible y abundantemente. Viniendo de Panamá — donde el mismo patrón está presente pero donde ciertas formas de producción de pequeños agricultores persisten a una escala que hace que la economía agrícola sea legible cuando manejás por el campo — entrando a Costa Rica, la ausencia de producción doméstica de alimentos es llamativa de una manera que podría no serlo para alguien que no ha hecho la comparación. Los campos están allí. El suelo está allí. El clima es extraordinario. Lo que no está allí es el sistema que convertiría esos activos en soberanía alimentaria en lugar de en materia prima de exportación.
Esa ausencia no es natural. Fue creada. Y lo que fue creado puede recrearse.
Lo Que la Inversión Puede Hacer — Y Lo Que No Puede
La inversión privada en infraestructura doméstica de procesamiento de alimentos — en la planta de congelamiento en las tierras altas del Reventazón, en la instalación de valor agregado tropical en Limón, en el centro regional de procesamiento en Pérez Zeledón, en el complejo de invernaderos en Zarcero — puede hacer algo que el gobierno no puede hacer solo: desplegar capital a la escala y velocidad que el desafío de la soberanía alimentaria requiere, con la experiencia operativa y la orientación de mercado que hace que la infraestructura sea económicamente viable en lugar de un proyecto gubernamental que opera a pérdida y cierra en una década.
Pero el capital requiere condiciones. Requiere un entorno político que haga que la inversión doméstica en alimentos sea tan económicamente racional como continuar importando. Requiere claridad regulatoria. Requiere un gobierno dispuesto a declarar, en términos ejecutables, que no recreará las condiciones de política que destruyeron la producción doméstica la última vez que alguien intentó construirla.
Y requiere algo más fundamental: un mercado doméstico que demande comida costarricense. No por caridad ni por nacionalismo, sino por el reconocimiento de que comprar la verdura producida domésticamente, el frijol procesado localmente, el producto lácteo cultivado en las tierras altas, es un acto de soberanía — personal, económica y política simultáneamente.
Lo que la inversión no puede hacer es sustituir la voluntad política de un gobierno y un pueblo. El capital sigue condiciones. No las crea. Las condiciones son creadas por la política, la presión pública y la decisión colectiva de una sociedad sobre qué tipo de sistema alimentario quiere sostener.
Esa decisión les pertenece a los ticos.
El Argumento Final
Costa Rica no necesita que le digan que es capaz de cosas extraordinarias. Las ha hecho. La evidencia está en su red de energía renovable, sus parques nacionales, su ejército abolido, su tasa de alfabetización, su sistema de salud pública, su posicionamiento en el mundo como una nación pequeña que supera ampliamente su peso en cada dominio en el que ha elegido competir seriamente.
El sistema alimentario es el dominio en el que aún no ha elegido competir seriamente. Es el dominio donde la brecha entre la marca y la realidad es más amplia, donde las consecuencias de esa brecha son más visibles en los cuerpos y las vidas de los ticos ordinarios, y donde la oportunidad de alineación entre valores y realidad es más significativa.
Cerrar esa brecha requiere admitir que existe. Requiere nombrar los intereses que se benefician de mantenerla abierta. Requiere exigirle a la administración Fernández los compromisos específicos, concretos y ejecutables que harían que construir la infraestructura faltante sea económicamente racional y políticamente duradero. Y requiere que cada tico tome, en las decisiones diarias disponibles para él — en el mercado, en las urnas, en las conversaciones que tienen sobre lo que es su país y lo que quieren que se convierta — la decisión de que la soberanía no es un eslogan.
Es una práctica. Es algo que hacés todos los días en las decisiones que tomás sobre cómo te alimentás a vos mismo, a tu familia y a tu nación.
Costa Rica ha practicado la soberanía en su sistema energético. Ha practicado la soberanía en su política de conservación. Ha practicado la soberanía en su compromiso con la paz en una región donde la paz ha sido rara y costosa.
El plato frente a vos cada mañana está esperando el mismo compromiso.
La Pura Vida no es lo que decís. Es lo que cultivás.
Este artículo está siendo compartido con la administración entrante de Fernández, con la Asamblea Legislativa de Costa Rica, y con instituciones agrícolas y de política en toda Centroamérica. El argumento ha sido presentado. El momento es ahora. Lo que sucede a continuación es una decisión.
El autor desarrolló lo que el Instituto Smithsonian reconoció como la primera granja de circuito cerrado de Centroamérica — un sistema agrícola completamente autosuficiente, 100% orgánico, con reciclaje completo de agua y cero residuos. La granja se convirtió en un sitio de estudio internacional, promovido por el Smithsonian a universidades cuyos profesores y estudiantes viajaron a Panamá para estudiar sus sistemas y asistir a las conferencias del autor sobre producción agrícola de circuito cerrado sostenible. La granja fue vendida posteriormente. El autor trabaja ahora como defensor de la soberanía de los estados nación y el desarrollo intencional a través de Investor Developments, un think tank internacional comprometido a reorientar la dirección del desarrollo indiscriminado a nivel global. Este artículo refleja más de veinte años de observación personal en los mercados agrícolas de Centroamérica, datos de dominio público e investigación institucional documentada. Nada en este artículo constituye una alegación legal contra ningún individuo o entidad específica. Investor Developments tiene intereses profesionales activos en los sistemas alimentarios y el panorama de inversión agrícola de Costa Rica.
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